Mercenarios. Agentes del orden ineptos, cobardes o corruptos. Pícaros sin escrúpulos que quieren hacerse ricos, cueste lo que cueste.
REACCIÓN QUÍMICA La Confederación Sindical Internacional (CSI) confirma que el tema para la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, el 28 de abril de 2019 será: ‘Tomar el control - eliminar las sustancias peligrosas del lugar de trabajo’. La campaña, que se ha convertido en el mayor evento anual en materia de salud y seguridad del mundo, hará hincapié en el enfoque llamado “Cero Cáncer”, que insta a los representantes a tratar de eliminar o de minimizar la exposición a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo. La primera guía de la CSI sobre el cáncer de origen profesional y sus causas, elaborada con Hazards, permitirá a los sindicatos identificar y enfrentar las exposiciones prevenibles y potencialmente mortales. El mediático evento anual del 28 de abril, durante el cual en 2018 se organizaron decenas de miles de actividades, en más de 70 países, se ha convertido en tema destacado en Twitter en los últimos años.
EnLínea: http://28april.org/?p=2563; #iwmd19.
No, no les estamos contando el argumento de un western de clase B, les hablamos de la industria química mundial, un gigante escurridizo que a veces actúa por encima de la ley, con consecuencias letales.
Consigue salirse con la suya porque recurre a tácticas ilegales o poco éticas para ocultar las pruebas que demuestran los riesgos para la salud vinculados a sus productos. Los productos químicos son tan importantes para la industria, que esta puede usar toda su influencia para interrumpir, retrasar y frustrar los esfuerzos por reemplazar los productos tóxicos con alternativas que no maten o causen enfermedades.
Las corporaciones químicas pueden pagar, y pagan, a sus cómplices –que pueden ser legisladores o laboratorios— con tal de obtener un certificado sanitario limpio, e inmerecido, para algunas de sus principales fuentes de ingresos.
Y no sólo cargan los dados, también recurren a las tácticas más bajas para desacreditar o acosar a sus oponentes.
Juego sucio
Si creen que lo que decimos es algo fantasioso, o incluso paranoico, consideren lo ocurrido en estos últimos meses.
En noviembre de 2018, K2 Intelligence tuvo que pagar una "sustanciosa" indemnización por daños a cinco prominentes activistas contra el amianto en tres continentes.
La compañía llegó a este acuerdo confidencial gracias a las pruebas que demostraban que la principal consultora de vigilancia corporativa estadounidense había orquestado una operación encubierta durante cuatro años destinada a socavar los esfuerzos para prohibir al asesino ocupacional más prolífico del mundo.
La sofisticada operación de espionaje fue financiada por los intereses internacionales del amianto. Estos poderosos promotores de una industria moribunda continúan manteniendo su propia lista de científicos dóciles, que producen en serie estudios sobre salud que absuelven al amianto y declaraciones de testigos expertos a demanda.
También en noviembre de 2018, un informe para el Parlamento Europeo concluyó que los reguladores comunitarios basaron su decisión de 2017 de renovar la licencia al glifosato, un herbicida ligado al cáncer, en una evaluación copiada en gran parte directamente de documentos de la industria.
La revista Critical Reviews in Toxicology admitió, en septiembre de 2018, que el gigante productor de agroquímicos Monsanto encubrió su sustancial participación en la investigación publicada que valida la seguridad de Roundup, el herbicida más vendido en el mundo —que contiene glifosato—.
GLIFISATO A pesar de que la campaña para impedir la reautorización del glifosato en la Unión Europea fracasó, “logró sacar a la luz brillantemente el control que la industria agroquímica ejerce sobre las instancias reguladoras encargadas de proteger la salud pública y el medio ambiente”, afirma el sindicato mundial de la alimentación y agricultura UITA. Más
Un artículo publicado en enero de 2019 en la revista Environmental Sciences Europe señala que el 70% de los artículos independientes y revisados por colegas sobre el glifosato, examinados por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encontraron pruebas de genotoxicidad, o daño en el ADN, un indicador clave del riesgo de cáncer para el ser humano.
Por el contrario, sólo el 1% de los estudios de la industria, por lo general no publicados, encontraron esta asociación.
En diciembre de 2018, un informe de la revista Hazards sobre las exposiciones en el trabajo a las emisiones cancerígenas de los humos del gasóleo, revela que se encargó a grupos financiados por la industria petroquímica y minera la producción de informes aparentemente independientes, para sembrar dudas en las mentes de los reguladores que estaban sopesando imponer controles y advertencias más estrictos, un proceso que continúa “en curso”.
2018 fue también el año en que Samsung, después de diez años ocultando la verdad sobre las decenas de trabajadores y trabajadoras que murieron a causa de la exposición a productos tóxicos en sus líneas de producción, acabó pidiendo disculpas y aceptó abonar una indemnización a las personas afectadas.
Estrategia subversiva
La estrategia de la industria consiguió poner un freno al desarrollo de una normativa más estricta relativa a la exposición a productos químicos.
Incluso una vez introducidas, las mejoras se retrasan y se diluyen a lo largo del proceso de elaboración de la normativa.
Este sistema de “poner en duda, negar y retrasar” se ha repetido en los casos del benceno, el sílice, el cromo, el berilio y una letanía de otras causas de enfermedades profesionales graves, como el cáncer.
Este turbio proceder resulta cada vez más preocupante, porque las pruebas de las que disponen los reguladores están cada vez más sesgadas hacia los puntos de vista de la industria.
Un artículo publicado en agosto de 2018 en la revista Occupational and Environmental Medicine señala que se observa una ‘disminución drástica’ del número de estudios sobre el cáncer de origen profesional.
Los autores apuntan a que los mayores perdedores serían, inevitablemente, los trabajadores y las trabajadoras de “países de bajos y medianos ingresos, donde se prevén unos niveles de exposición elevados”.
Pero incluso con los niveles de exposición bajos que se dan en las economías que poseen una buena reglamentación, los riesgos pueden ser significativos. Una producción incesante de negacionismo científico, subrepticiamente financiado, rechaza la evidencia de los riesgos que esconden las normas vigentes en materia de exposición ocupacional, generalmente laxas, y los distintos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas que estos causan.
El resurgimiento de “viejas” enfermedades ocupacionales, como la silicosis y el pulmón negro —una afección que destruye los pulmones y que está afectando hoy con más rapidez y virulencia a los mineros del carbón de los EE.UU. y Australia—, sugiere que el rumbo hacia el que nos dirigimos, incluso en las naciones más ricas, puede haberse invertido terriblemente.
El costo de los productos químicos
Se trata de una crisis de salud y de supervisión, que requiere la adopción de medidas inmediatas.
La industria química duplicará su tamaño de aquí al 2030. En una sesión informativa sobre las Perspectivas de los productos químicos a nivel mundial, ofrecida en enero de 2019 por la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se señaló que si continuamos permitiendo la mala gestión de los productos químicos y los desechos en todo el mundo "aumentarán las exposiciones, las concentraciones y los perjuicios para la salud y el medio ambiente".
El documento de la ONU advierte “que todo siga igual no es una alternativa posible” y que “una gran cantidad de productos químicos y desechos tienen propiedades peligrosas y siguen teniendo efectos adversos considerables en la salud humana y el medio ambiente porque no se gestionan de manera adecuada”.
Añade que “se requiere que todos los interesados tomen medidas más ambiciosas y urgentes a nivel mundial”.
Así tendrá que ser, si se quiere frenar el crecimiento atropellado de la industria.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de enero de 2019 señala que “la industria química es uno de los mayores sectores industriales del mundo y se espera que se multiplique por cuatro para 2060”.
La OCDE estima que las ventas anuales de la industria química mundial pasarán de 5,7 billones de dólares en 2017 a 21,7 billones de dólares en 2060.
Es una industria rica, pero con un historial de salud deficiente.
Incluso con los niveles de producción actuales, cada año mueren más de un millón de personas como resultado de la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo estima que 666.000 de estas vidas fueron segadas por cánceres de origen profesional.
Un problema mucho mayor
Los largos períodos de latencia entre la exposición a la sustancia y el inicio de estas enfermedades ocupacionales significan que muchas de las muertes actuales son fruto de los niveles mucho más bajos de consumo de productos químicos que había hace décadas.
Sin embargo, hoy seguimos introduciendo cada vez más productos químicos, en mayor volumen, en más formas y combinaciones, y la atención de la industria continúa centrada en las aplicaciones en lugar de en los riesgos.
Un informe de avance de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) publicado el 28 de febrero de 2019 revela que de las 21 evaluaciones de sustancias completadas en 2018, sólo 6 (el 28,5%) de las sustancias estaban “suficientemente controladas”, y que para el resto se requieren “medidas adicionales de gestión de riesgos”.
En casi tres cuartas partes (211 de 286) de los casos controlados por las autoridades en 2018, las compañías químicas no proporcionaron información importante sobre la seguridad de la sustancia y sus posibles efectos graves para la salud.
Se trata de un desprecio por la salud que posee un coste económico y humano, aunque gran parte del mismo ha de ser cubierto por el trabajador perjudicado y el erario público.
Un informe del Instituto Sindical Europeo (ETUI) de diciembre de 2018 calcula que los cánceres de origen profesional cuestan entre 270.000 y 610.000 millones de euros al año en toda la UE (entre 307.000 millones de USD/240.000 millones de GBP y 693.000 millones de USD/543.000 millones de GBP).
En términos humanos, el costo de la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo es de una muerte cada 30 segundos.
Lo más lamentable es que se pueden prevenir.
Una estimación de 2017 sobre el alcance de las enfermedades profesionales en todo el mundo señala, por ejemplo, sobre el cáncer de origen profesional: “Prácticamente todos estos cánceres pueden evitarse eliminando la exposición a agentes cancerígenos y minimizando la exposición en los trabajos, entornos y procedimientos relacionados”.
Pero esto no está sucediendo, porque las corporaciones químicas han capturado a las instancias reguladoras, sobornado a científicos y atacado a sus detractores.
Se trata de una ofensiva letal que debe detenerse.
Es necesario ‘regular a los reguladores’, dice la UITA
A pesar de que la campaña para impedir la reautorización del glifosato en la Unión Europea fracasó, “logró sacar a la luz brillantemente el control que la industria agroquímica ejerce sobre las instancias reguladoras encargadas de proteger la salud pública y el medio ambiente”, afirma el sindicato mundial de la alimentación y agricultura UITA.
Una Nota informativa publicada por la UITA en febrero de 2019 dice: “A raíz de las revelaciones de los ‘Papeles de Monsanto’ y de las eficaces campañas que canalizan la indignación pública por la absurda reautorización por parte de la UE del herbicida más utilizado en el mundo, el Parlamento Europeo creó el año pasado un Comité Especial sobre Pesticidas (PEST), para examinar los procedimientos por los que se autoriza el uso de plaguicidas en la Unión Europea”.
Añade que el informe del Comité PEST “publicado en diciembre de 2018 y aprobado por una abrumadora mayoría multipartidaria en el Parlamento Europeo, el 16 de enero, cataloga los múltiples fracasos del proceso de autorización”.
El informe de un grupo pluripartidista de eurodiputados revela que el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania copió y pegó partes de estudios realizados por Monsanto, el fabricante de pesticidas. La investigación encontró que el informe en el que se basó la renovación de la aprobación, mostraba “pruebas claras de que BfR pretendía deliberadamente ser una evaluación independiente, cuando en realidad la autoridad sólo se hacía eco de la evaluación de la industria que solicitaba la autorización”. La investigación de los eurodiputados encontró textos de Monsanto en el 50,1% de los capítulos en los que se evalúan los estudios publicados sobre los riesgos para la salud, incluidos párrafos y páginas enteros.
El informe de la UITA señala que las continuas “ondas expansivas” de este escándalo han tenido un efecto positivo, y que el Consejo y el Parlamento de la UE acordaron el 11 de febrero de 2019 unos procedimientos más rigurosos de evaluación de riesgos. “Los nuevos procedimientos, si se siguen, marcan un éxito significativo, aunque parcial y preliminar para la campaña del glifosato”, señala. “Aunque no cumplen las recomendaciones de Comité PEST (ni las demandas de la Iniciativa Ciudadana Europea), sí pueden suponer una palanca para debilitar el control del lobby de los pesticidas sobre las instancias reguladoras públicas”.
La sesión informativa concluye: “Se ha abierto una ventana; el lobby de los pesticidas trabajará para cerrarla con todas sus fuerzas. Ahora es el momento de intensificar la organización a la escala más amplia posible, nacional, europea e internacional, para reclamar una prohibición inmediata de los productos agroquímicos más tóxicos, reducciones selectivas del uso de plaguicidas y un apoyo global a la transición hacia una agricultura social y medioambientalmente sostenible”.
¡Todos fuera!
Los productos químicos están en todas partes. Se prevé que la industria mundial se multiplique por cuatro para 2060. Las exposiciones a sustancias tóxicas en el lugar de trabajo se cobran al menos un millón de vidas cada año. Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), explica la trascendencia de una nueva campaña sindical para frenar esta carnicería química.
| Contenido | |
| • | Introducción |
| • | Juego sucio |
| • | Estrategia subversiva |
| • | El costo de los productos químicos |
| • | Un problema mucho mayor |
| Artículo relacionado | |
| • | Es necesario ‘regular a los reguladores’, dice la UITA |
| Hazards webpages | |
| • | Cancer |
| • | Chemicals |
| • | 28 April |
